jueves 28 de mayo de 2026 - Edición Nº709

Provinciales | 28 may 2026

Concejo Deliberante

"Priorizan el financiamiento municipal por sobre el rol social", dijo Ybars

16:01 |En el marco de la cuarta sesión ordinaria y una ajustada votación de 5 a 4, el Concejo Deliberante de Río Grande aprobó este jueves la modificación a la normativa de suelo fiscal urbano (Dictamen N° 37/2026). El concejal Maxi Ybars (UCR) lideró el bloque opositor —integrado también por FORJA y Somos Fueguinos—, manifestando un firme rechazo ante la mayoría conformada por Provincia Grande, el MPF y el PJ, quienes impulsaron la sanción de la norma.


Ybars fundamentó su voto negativo denunciando un "tratamiento precario" de la iniciativa y una preocupante falta de consenso político. El edil advirtió que la reforma vulnera la institucionalidad al delegar facultades del Concejo Deliberante que son indelegables para transferirlas al Poder Ejecutivo Municipal.
Entre los puntos más críticos, el concejal señaló la autorización para que el Municipio pueda cancelar deudas con proveedores entregando tierras fiscales por un periodo de dos años. Ybars calificó esta medida de "irresponsable", afirmando que el Ejecutivo utiliza el patrimonio de los vecinos como una herramienta de financiamiento ante la falta de recursos para obras. "Esta decisión excede nuestro mandato; están entregando el suelo de la ciudad para cerrar sus cuentas", cuestionó.

Asimismo, el referente de la UCR criticó la segmentación de postulantes según su capacidad económica, calificándola de estigmatizante desde lo socioeconómico. Sostuvo que la lógica de "informes positivos" basados en el poder adquisitivo beneficia solo a un sector reducido, ignorando a los 6.455 inscriptos que esperan una solución basada en la equidad. “Quienes accedan serán los ‘menos pobres’, pero no estamos solucionando el problema real de fondo”, sentenció.

Finalmente, Ybars cuestionó la falta de explicaciones sobre los cambios en la zonificación y la venta de tierras que aún no han sido urbanizadas. Criticó que se exija a los vecinos construir en 18 meses sobre terrenos que todavía dependen de que el municipio consiga fondos para dotarlos de infraestructura básica. "Tenemos la obligación de legislar con responsabilidad; no perdamos de vista el rol social que debe tener el municipio", concluyó.

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