La iniciativa ofrece muchas dudas, en cuanto su viabilidad y su aporte a la conducción segura:

1. Se reemplazaría la renovación presencial por un trámite online. Pero hay que realizarlo cada 5 años, mínimo (los mayores de 75 cada 2 años). No es cierto que las licencias no vencerán.
2. Requerirá la presentación online de una declaración jurada y de un certificado de apto psicofísico firmado por un médico “acreditado”, cuya visita será necesariamente presencial. Y que tendrá un costo que las personas deberán pagar.
3. La habilitación de los profesionales acreditados requerirá una capacitación que también tendrá un costo económico, que el Estado deberá sufragar.
4. El Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito (CENAT) también tiene un costo y resulta una información imprescindible para evitar habilitar a quienes pueden estar inhabilitados para conducir por delitos y/o infracciones graves.
5. Se debería exigir la certificación de estar libre de infracciones como condición para expender la habilitación. Actualmente, lamentablemente, la mayoría de las personas no se enteran de que han cometido una infracción hasta que tienen que renovar su licencia ya que no son notificadas casi nunca (grave déficit que invalida el objetivo disuasorio de la misma).
6. Si bien esta exigencia no consta en la Ley Nacional de Tránsito, ya hay municipios, tales como la ciudad de Buenos Aires, que exigen un curso online o taller presencial, de concientización y actualización sobre temas clave de conducción segura, que no tiene costo, pero es un importante aporte a la educación de los conductores.

La Ley de tránsito Nacional 24.449 establece en su Art. 13 inc. C, que deben renovarse como mínimo cada 5 años, y a medida que aumenta la edad del conductor se va renovando por plazos más cortos. En países más seguros las licencias se renuevan cada 10 años o menos según la edad del conductor. El objetivo de las renovaciones de las licencias de conducir es verificar la aptitud psicofísica de los conductores, ya que la idoneidad y responsabilidad para conducir se evalúa con el seguimiento de los antecedentes de tránsito de cada persona. 

Los costos económicos de los siniestros de tránsito y sus consecuencias en muertos y lesionados son sin duda mucho mayores que los costos de renovar las licencias de conducir, cuyo procedimiento debería mejorarse de acuerdo a la evidencia de los países exitosos en seguridad vial.