El Ministerio de Economía de la Nación aprobó el proyecto de sustitución presentado por la empresa Athuel Electrónica para reemplazar la producción de hornos a microondas por equipos de aire acondicionado en su planta de Río Grande, Tierra del Fuego.
La medida se encuadra en el Régimen de Sustitución de Productos instituido por el Decreto 479/95, en el marco de la Ley 19.640.
Según el expediente, la iniciativa contempla una inversión total de 876.476.584 pesos, de los cuales 216 millones se destinarán a activos fijos y 660 millones a capital de trabajo.
En la Resolución 469/2025 de la Secretaría de Industria y Comercio, dictada el 4 de noviembre y publicada ayer en el Boletín Oficial, se detalla que la empresa se comprometió a una producción mínima de 8.000 unidades el primer año, 15.000 el segundo y 20.000 a partir del tercero, con una capacidad máxima proyectada de 150.000 unidades anuales. Asimismo, deberá generar al menos 9 nuevos puestos de trabajo en el primer año, 8 en el segundo y 5 en el tercero.
El inicio de la producción deberá concretarse dentro de los ocho meses posteriores a la notificación de la resolución. Las exportaciones de los equipos fabricados bajo este régimen serán realizadas exclusivamente por la propia empresa.
La iniciativa cuenta con dictámenes favorables del Ministerio de Producción y Ambiente de Tierra del Fuego y de la Comisión de Evaluación del régimen, que consideraron alcanzables las metas de inversión y producción propuestas.
La firma, radicada en Río Grande desde 1989, había cerrado sus puertas en 2019, pero dos años después retomó la producción de teléfonos celulares, televisores y lavarropas. A fines de noviembre de 2022, la Secretaría de Industria de Nación aprobó su adhesión al Decreto 727/21, que prorrogó el subrégimen industrial fueguino hasta el 31 de diciembre de 2038, permitiéndole continuar con la fabricación de equipos electrónicos y electrodomésticos.
La autorización que habilita a Athuel a reconvertir parte de su producción contrasta con otras decisiones recientes del Gobierno nacional que impactaron negativamente en la industria fueguina. La apertura de importaciones en el rubro textil y el congelamiento de beneficios fiscales llevaron al cierre de algunas empresas y dejaron a otras en situación crítica.
A ello se suma la eliminación progresiva de aranceles para la importación de celulares, medida que amenaza provocar la merma de la producción local y una significativa pérdida de puestos de trabajo en un sector que históricamente fue uno de los pilares del régimen de promoción industrial.