La presidenta del Instituto Provincial de Vivienda (IPV), Laura Montes, advirtió sobre posibles estafas con la venta de viviendas otorgadas entre afiliados de ATE en Río Grande. Desde que fueron entregadas en 2021, ningún adjudicatario del gremio estatal pagó cuotas por estos inmuebles.

Montes detalló que el sábado último se realizaron inspecciones en ese sector de la ciudad y de los 120 adjudicatarios solamente 50 ocupantes atendieron la puerta. Entre ellos hubo cuatro que no eran los adjudicatarios originales y se presume que el número total es mayor.

Este martes, las autoridades del IPV se reunirán con ATE para que fiscalice a los ocupantes y, en caso de irregularidades, defina quién será el adjudicatario final, para avanzar con la firma de contratos. Hasta ahora no se abonó ninguna cuota, pero aparecen publicaciones de venta o alquiler de los inmuebles.

En diálogo con Radio Provincia de Ushuaia, la titular del IPV explicó que “después de que se disolvió el fideicomiso ante la IGJ, la función del IPV es regularizar la situación y que las personas vuelvan a firmar contrato para empezar a pagar su vivienda, como cualquiera lo hace cuando recibe una vivienda del IPV”.

“Estas viviendas fueron entregadas en octubre de 2021, a partir del fideicomiso de ATE. En la época de Macri no había planes de vivienda y surge la posibilidad de que el gremio, que tenía tierras entregadas por el municipio, junto con el IPV hiciera un fideicomiso”, explicó Montes.

Y agregó: “El administrador de ese fideicomiso era el Banco. Cuando se terminan las viviendas con parte de dinero de Nación y del IPV, el IPV tenía la función de licitar, construir y controlar la construcción de las viviendas”.

“Cuando eso termina, el Banco se hace cargo de firmar los contratos de compraventa con cada uno de los adjudicatarios y empezar a cobrar las cuotas. Esas cuotas hasta el día de hoy no se cobraron, por lo cual no se cumplió el contrato, entonces ahora con la disolución del fideicomiso cae todo eso y el IPV está empezando a regularizar con las condiciones del IPV”, detalló.

“Como es una operatoria que tiene que ver con un gremio, las personas que van a ser adjudicadas tienen que estar inscriptas y cumplir con las condiciones del IPV, pero las pone el gremio”, aclaró la funcionaria.

Puntualmente sobre la puesta en venta de viviendas que todavía no han sido pagadas, dijo que le llegó la versión y “yo le indiqué al área legal que se comunique con la persona que quería vender, porque está cometiendo una estafa. No pudimos meternos como institución porque se publica en grupos cerrados y evidentemente no dejan unirse a organismos gubernamentales, pero tenemos entendido que el área legal habló con las personas que están intentando vender, para decirles que están por cometer una estafa, porque claramente las viviendas no son de ellos”, sentenció.

Montes señaló que “me comuniqué con ATE cuando se disolvió el fideicomiso y les dije cuáles eran los pasos a seguir, que son los relevamientos. Luego habrá una reunión con ATE para informar cuáles van a ser los nuevos contratos, en qué condiciones, cómo va a ser la amortización, la indexación y la actualización de la vivienda. De eso se informa al gremio pero después los contratos son del IPV con cada una de las personas”.

“El gremio interviene para informar y para proponer personas, si eventualmente se cayó alguno del primer listado”, señaló.

“Tenemos denuncias cruzadas, ATE sabe quién vive y quién no, y vamos a pedirle al gremio que con sentido común nos diga quién vive y quién no. Estamos en contacto con la Cooperativa Eléctrica, vamos a pedir información y tenemos nuestras herramientas. No queremos poner a todos en la misma bolsa porque un gran porcentaje está viviendo, evidentemente necesitaban la vivienda y con esa gente vamos a proceder como corresponde. ATE se encargará de averiguar quiénes no están viviendo, que no necesitan la vivienda, y propondrán nuevos adjudicatarios”, dijo, al tiempo que aseguró que “ya fuimos informando al gremio y ellos están conformes con cómo estamos trabajando”.

Recordó además que “son viviendas dúplex de 65 metros cuadrados, tienen su propio lote, y el costo ronda los 80 millones de pesos a precio actualizado por la vivienda, luego la municipalidad tiene que dar el precio de la tierra”.

“La propuesta de los adjudicatarios es de ATE y ATE deberá tomar la determinación de decir quién va a ser el ocupante de la vivienda que esté irregular. Se entiende que es una operatoria para trabajadores del Estado, por lo cual tienen que estar afiliados al gremio, y el gremio propone a gente que necesita la vivienda. No hay que olvidar que son viviendas sociales y por eso el IPV quiere regularizar y recuperar el dinero invertido, porque las viviendas se terminaron con fondos nuestros. El municipio hará lo propio con sus tierras”, apuntó.

Finalmente dio cuenta de la jurisprudencia a favor, en caso de desalojo. “Nosotros tenemos juicios de desalojo y convenios de desocupación firmados, dentro de las 5 mil operatorias que tenemos. El IPV en el último tiempo se ha puesto muy firme en desadjudicar a las personas que han comprado irregularmente. Uno ve siempre el lado social y la situación de cada persona, pero el IPV tiene mucha jurisprudencia acumulada de desalojos por ocupación irregular”, concluyó.