En la página 40 de ese documento, bajo el título “El sistema tributario argentino y consideraciones sobre su reforma”, se describe la estructura del sistema tributario de Argentina y se analizan las “opciones de reforma para el futuro”.

“El sistema tributario argentino sigue siendo excesivamente complejo y distorsionador, con una carga general que obstaculiza el crecimiento y la competitividad”, señala el documento y detalla que “los ingresos tributarios del gobierno general, que alcanzaron el 22% del PIB en 2022, son altos para los estándares regionales, especialmente considerando la estrecha base impositiva de Argentina y su débil cumplimiento, en el contexto de tasas legales bastante altas”.

En ese sentido, el organismo resalta que “hay más de 155 impuestos que aumentan la carga administrativa, aunque solo seis de ellos (el impuesto sobre sociedades, las contribuciones a la seguridad social, el IVA, el impuesto a las transacciones financieras, los impuestos a las exportaciones y el impuesto provincial sobre el volumen de negocios) representan más del 80 por ciento de los ingresos fiscales totales”.

Y agrega: “Desde una perspectiva de equidad, la alta dependencia de los impuestos indirectos, que representan más de la mitad de todos los impuestos, reduce la progresividad, y las exenciones fiscales (incluso para apoyar la producción en regiones como Tierra del Fuego) también contribuyen a las inequidades”.

“La dependencia de impuestos distorsionantes es especialmente alta, y los impuestos a la exportación, los impuestos a las transacciones financieras y el impuesto provincial en cascada sobre el volumen de negocios (que no permite la deducción de los impuestos pagados en etapas anteriores) representan alrededor de un tercio de todos los impuestos. Estos últimos afectan negativamente la competitividad externa, la profundización financiera y el coste total de las actividades empresariales”, señala.

Para el FMI “la naturaleza federal del sistema tributario agrava los desafíos de coordinación, socavando su previsibilidad y eficiencia. Los tres niveles de gobierno —federal, provincial y municipal— pueden establecer, regular y aplicar impuestos”.

“Los principales impuestos (el impuesto sobre sociedades, las nóminas, el patrimonio personal, los impuestos especiales y el IVA) son recaudados por el gobierno federal y transferidos a las provincias según una compleja fórmula de reparto de ingresos (“coparticipación”), en la que las provincias reciben alrededor del 60 por ciento de la recaudación fiscal total”, destaca.

Asimismo, señala que “los impuestos sobre las transacciones comerciales y financieras son fijados y recaudados por el gobierno federal, aunque no son coparticipados con las provincias”.

“Mientras tanto, las provincias recaudan principalmente impuestos sobre el volumen de negocios, los timbres y los bienes inmuebles, y los municipios cobran también impuestos adicionales sobre las actividades y el consumo”, indica.

“Años de inestabilidad macroeconómica y disciplina fiscal limitada en todos los niveles de gobierno han agravado la estructura tributaria: el gobierno federal ha aumentado su dependencia de impuestos distorsionadores no coparticipados y las provincias han aumentado los impuestos sobre los ingresos y otras tasas ante las menores transferencias federales y los escasos incentivos para recortar el gasto”, concluye el apartado en el que se menciona a Tierra del Fuego.